Reforma laboral: estado de derecho y justicia social
El desarrollo económico es fundamental para consolidar las libertades individuales y la paz social. Aunque contar con una economía robusta es un paso importante para alcanzar este objetivo, esto ha demostrado ser insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades y cimentar el progreso social.
Por ello nuestra Constitución adopta una visión del desarrollo orientada por la justicia social, a partir de la premisa de que el libre mercado es insuficiente para generar abundancia, distribuir la riqueza equitativamente y erradicar la pobreza.
Particularmente en el ámbito laboral esta visión reconoce que, sin contrapeso alguno, empleadores y trabajadores no comparten un piso parejo de negociación, lo que hace necesario asegurar las prestaciones sociales y demás condiciones laborales de los trabajadores.
Así, la Constitución protege el derecho de todas las personas a un trabajo digno y socialmente útil, en condiciones de desarrollo y prosperidad. Garantiza el derecho a recibir salarios justos y prestaciones de seguridad social que aseguren una retribución digna para la persona y su familia, en cualquier empleo, trabajo o responsabilidad que desempeñe. Con ello recoge una visión sustantiva del bienestar social a través del trabajo digno, así como una visión profundamente igualitaria, que rechaza la discriminación laboral por cualquier motivo, incluyendo discapacidad, género, preferencia sexual o condición social…