Segundo informe anual de labores del PJF

Agradezco y reconozco la presencia, en este acto solemne, del señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como de la señora Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Diputada Dulce María Sauri Riancho, y del señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.

La presencia de ustedes en este recinto enmarca el carácter republicano de esta ceremonia y contribuye al fortalecimiento de nuestra vida institucional, en el marco de los principios constitucionales de división de poderes e independencia judicial, pilares de nuestra democracia.

Señoras y señores Consejeros de la Judicatura Federal

Señoras y señores Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Distinguidos invitados especiales Dra. Beatriz Gutiérrez Müller

Señoras y señores:

Este año 2020 estuvo marcado por una pandemia mundial, cuyo costo en vidas humanas y sufrimiento, aún no terminamos de dimensionar. Ningún sistema judicial en el mundo estaba preparado para algo así. Mantener en operación el servicio de impartición de justicia, sin poner en peligro la vida de quienes lo prestan y de quienes lo solicitan, supuso un gran desafío. Sin embargo, con el esfuerzo colectivo de Ministras y Ministros, Consejeras y Consejeros, así como de todas las personas juzgadoras, y de todo el personal jurisdiccional y administrativo tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Consejo de la Judicatura Federal, la justicia no se detuvo.

Por el contrario: en este año, refrendamos nuestro compromiso con una justicia moderna y profesional, pero también más humana y cercana a la gente. Desplegamos un esfuerzo institucional sin precedentes, para enfrentar la emergencia sanitaria sin detener un solo día los servicios de justicia. Consolidamos la transición a la justicia digital y trabajamos arduamente por defender y empoderar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad; por continuar el combate implacable contra la corrupción y el nepotismo; por alcanzar la igualdad de género y la paridad; por modernizar la formación de nuestros cuadros jurisdiccionales; por implementar el nuevo modelo de justicia laboral, y por impulsar una reforma a la justicia federal, respetuosa de la independencia judicial y de la división de poderes.

Podemos afirmar, con orgullo, que el Poder Judicial avanza en su transformación y que hoy en día, están sentadas las bases para que, en los años por venir, la justicia federal se consolide como la rama del poder público en la que toda persona puede confiar, para salvaguardar sus derechos, proteger sus libertades, hacer justicia, y preservar la democracia.

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No podría, en el breve tiempo que por las circunstancias durará este acto, dar cuenta de todas y cada una de las acciones que se llevaron a cabo en este período en beneficio de la impartición de justicia. Los datos y las cifras están contenidas en el informe de labores y resumidas en el informe ejecutivo, cuya consulta será pública a partir de hoy. Me limitaré a exponer los grandes rubros en torno a los cuales estamos trabajando para lograr la renovación del Poder Judicial de la Federación.

Pero antes, debo referirme a las medidas que permitieron el funcionamiento de la justicia federal durante la pandemia.

Desde la llegada del virus al país, adoptamos todas las medidas necesarias para proteger la salud del personal y del público usuario. El 18 de marzo se suspendieron en todo el Poder Judicial los plazos procesales en asuntos no urgentes, situación que se prolongó parcialmente hasta el 3 de agosto, fecha en que se reanudó la tramitación física de todos los asuntos.

Durante esos primeros meses la justicia federal mexicana nunca se detuvo; lejos de ello, se transformó. Desde el primer momento, tanto en la Suprema Corte como en el resto de los órganos jurisdiccionales federales, el sistema de impartición de justicia continuó funcionando para la atención de casos urgentes y, progresivamente, se fueron adoptando medidas para ampliar el acceso a una justicia pronta y expedita.

El Pleno y las Salas sesionaron en forma remota sin interrupción desde el mes de abril, incluso cancelando el periodo de receso, a fin de continuar sus labores durante la segunda quincena de julio.

Se estableció la posibilidad de tramitar en forma electrónica todos los asuntos de la competencia del Poder Judicial y se logró consolidar el uso de la tecnología y la prestación de servicios en línea, para transitar de manera plena hacia la justicia digital.

Por su parte, la reactivación de la tramitación física de asuntos en todo el Poder Judicial ha implicado un enorme esfuerzo logístico, jurídico y organizacional para mantener las medidas de sana distancia y la reducción de la movilidad, indispensables para seguir enfrentando la contingencia. Todas las medidas que se han tomado a lo largo de estos meses han logrado proteger la salud de las y los servidores públicos del Poder Judicial, así como del público usuario. Nos han permitido reabrir nuestras puertas en condiciones de seguridad, y respetando todos los derechos involucrados.

Expreso mi más profundo reconocimiento y gratitud a todas y cada una de las personas que conforman el Poder Judicial de la Federación. Su dedicación, entrega, vocación y talento, su sentido de pertenencia a esta noble institución, han sido el sostén de la justicia federal, en tiempos adversos.

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Cuando en el futuro la Historia dé cuenta de la pandemia del 2020, uno de los legados será, sin duda, el de la justicia digital.

La expansión y mejora de los servicios de justicia mediante las nuevas tecnologías han sido un compromiso central desde el inicio de esta administración, que se consolidó este año gracias al trabajo de cientos de profesionales. Hoy, podemos afirmar que todos los asuntos que resuelven los tribunales federales – independientemente de la instancia y la materia– pueden promoverse en línea, desde cualquier dispositivo móvil.

El Sistema Electrónico de la Suprema Corte y el Portal de Servicios en Línea del Consejo, a través una interfaz accesible e intuitiva, permiten a las personas usuarias presentar promociones y juicios; consultar expedientes; recibir notificaciones; celebrar audiencias; comparecer a distancia, e interponer recursos. Además, la plena interconexión entre ambas plataformas facilita el intercambio de información certificada, lo que ha permitido automatizar los procesos jurídicos entre estas instituciones, e intercambiar expedientes electrónicos.

Para brindar el mayor acceso posible a las plataformas, se facilitó la obtención de la Firma Electrónica en línea, mediante la aplicación que se puede descargar y utilizar desde cualquier dispositivo móvil.

Al día de hoy, hemos expedido más de 25,000 firmas electrónicas, que han dado lugar a cientos de miles de demandas, promociones, notificaciones, consultas y comunicaciones oficiales.

Asimismo, se celebró un convenio de interconexión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual, tal como lo expresó el Secretario Arturo Herrera, a quien agradezco el impulso para que esto fuera posible, generará importantes ahorros, además de que brindará transparencia y certidumbre en los procesos.

Hoy, la justicia digital es una realidad y en ello no hay marcha atrás. Seguiremos avanzando para que, a través de la tecnología y la modernidad, podamos poner la justicia federal al alcance de quienes más claman por ella.

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Uno de los compromisos principales de esta administración ha sido facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, sobre todo a aquéllas que más lo necesitan. Por ello, durante este periodo se redoblaron esfuerzos para asegurar que quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, puedan obtener una justicia de calidad en condiciones de igualdad.

Así, este año se logró consolidar al Instituto Federal de Defensoría Pública como una institución referente a nivel nacional en la protección de los derechos humanos de las personas más desprotegidas.

El Instituto brinda representación y asesoría a las personas más pobres, a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, a las que la justicia nunca ha escuchado. Desde el inicio de esta administración, pasaron de 39 a 140 el número de variantes lingüísticas indígenas en las que se brindan los servicios; se han llevado a cabo decenas de miles de visitas a centros federales de readaptación social, se han conformado brigadas para prestar atención a personas reclusas, se incrementó el número de especialistas en materia migratoria y casi se duplicó el número de ciudades en las que se brinda servicio en esta materia.

Asimismo, este año se cumplió con el objetivo de contar con una Delegación del Instituto en cada entidad federativa, con lo que se garantiza el acceso efectivo a una defensa gratuita, en todo el territorio nacional.

En este país no habrá justicia, mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos. No habrá justicia, mientras los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad. No habrá justicia, mientras sus vidas sean desechables para la maquinaria de procuración e impartición de justicia. Por todas esas personas, por el respeto irrestricto a sus derechos humanos, por el respeto a las garantías del debido proceso, es que trabajamos todos los días.

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Para que los esfuerzos del Poder Judicial por lograr una justicia más cercana puedan rendir frutos, es imprescindible reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus jueces. Por ello, una de las estrategias centrales de esta administración ha sido el combate a la corrupción y al nepotismo, bajo una política de cero tolerancia.

En este año se aprobó un acuerdo general que implementa normativamente el Plan Integral de Combate al Nepotismo y que fortalece el funcionamiento de la Escuela Judicial. Así, se prohíben todos los esquemas de contratación basados en consideraciones distintas al mérito y a la capacidad y se consolida la carrera judicial como eje rector de acceso y ascenso a todos los cargos jurisdiccionales; se crea un padrón electrónico de relaciones familiares, así como un Comité de Integridad, encargado de brindar opinión sobre nombramientos que pudieran actualizar supuestos de nepotismo o de conflictos de interés.

En el rubro del combate a la corrupción, se puso en funcionamiento el nuevo Buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura, el cual garantiza el anonimato, turna de forma automática el asunto a las instancias competentes para su investigación, y permite, si es oportuno, solicitar de inmediato la atención o asesoría de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual.

De conformidad con la política de cero tolerancia, las diversas áreas encargadas de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial han continuado con la imposición de sanciones, con la presentación de denuncias, y con el seguimiento de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos. Actualmente, existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo, lo que constituye una cifra inédita en el combate a la corrupción.

Se han impuesto sanciones en casos de alto perfil ocurridos en el pasado, como el de la venta de exámenes para el vigésimo octavo concurso para la designación de juezas y jueces de distrito; y el del Director General de Inmuebles y Mantenimiento a quien le fue descubierto dinero en la cajuela de su auto.

Las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional. El seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en nuestra lucha sin tregua contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía. Si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del servicio público, es todavía más grave, cuando se obtiene vendiendo la justicia.

El combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad de esta administración. Hemos logrado avances importantes, pero aún falta mucho por hacer. El reto es enorme, no es tarea fácil: se requiere voluntad, decisión y tiempo, sobre todo cuando hasta hace poco, la corrupción era un concepto vedado al interior de la Institución; hoy, la visibilizamos y la combatimos, porque es lo que exige la sociedad.

Siempre he afirmado que la gran mayoría de los juzgadores y juzgadoras federales son personas honestas e íntegras. Hombres y mujeres que honran su investidura, que sirven con compromiso y pasión a la causa de la justicia. La lucha contra la corrupción es también por ellos y por ellas. Si combatimos a los corruptos, defendemos a los honestos; si exponemos a los corruptos, prestigiamos a los honestos.

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Eliminar la brecha de género dentro del Poder Judicial y consolidar la igualdad sustantiva en favor de las mujeres es fundamental para transformar la realidad de la justicia federal y de nuestro país y ha sido uno de los objetivos centrales de esta administración.

En 2020 se dieron pasos decisivos para alcanzar la igualdad y paridad de género al interior del Poder Judicial. Para ello, se impulsó una política integral que comprende tres líneas de acción: conciliación personal, familiar y laboral; juzgar y defender con perspectiva de género, y consolidar una cultura libre de violencia de género.

Así, tomaron protesta las vencedoras de los primeros concursos de oposición para designación de Juezas de Distrito y Magistradas de Circuito; se integraron paritariamente todas las plazas de los nuevos órganos de justicia laboral; mientras que en el Instituto de Defensoría Pública Federal se emitió, por primera vez en la historia, un concurso de ingreso a la defensoría pública, dirigido exclusivamente a mujeres.

Para conciliar el desarrollo de la actividad jurisdiccional con su vida familiar, se adscribió a la totalidad de las nuevas juezas y a la mayoría de las magistradas, en lugares de su preferencia o los más cercanos. Esta política se observó sin restricción alguna tratándose de mujeres que desempeñan, además de su función jurisdiccional, labores de cuidado en sus hogares.

En el Consejo de la Judicatura Federal entró en funciones la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, con el fin de proporcionar atención inmediata y acompañamiento a las víctimas en casos de violencia sexual y de género.

De manera relevante, se dio a conocer la nueva versión del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el cual recoge los avances jurisprudenciales y los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, es una guía eminentemente práctica para juzgar con perspectiva de género.

De esta forma, la Suprema Corte contribuye, de manera decisiva, al reconocimiento y la protección de la diversidad; al combate contra la discriminación, y a la construcción de una igualdad sustantiva entre las personas, con independencia de su género.

No descansaremos hasta saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres; hasta que tengan la participación y el poder que les corresponde en la sociedad, libres de prejuicios, de estereotipos y de violencia.

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No habrá transformación institucional si no se asegura también una renovación de los perfiles de quienes tienen la enorme responsabilidad de impartir justicia. El derecho se ha transformado, nuestra Constitución se ha transformado, y las metodologías para resolver los conflictos también lo han hecho.

En ese sentido, uno de los objetivos primordiales de esta administración ha sido fortalecer los procesos de formación y selección de todas y todos los funcionarios judiciales y generar un nuevo perfil judicial, de manera que sólo las personas más preparadas y con vocación de servicio se integren a los órganos jurisdiccionales. Para ello, este año se emitió una reglamentación que fortalece la carrera judicial como vía de acceso y ascenso dentro del Poder Judicial y que reconfigura el papel de la Escuela Judicial como parte de ese proceso.

La formación de nuestro personal jurisdiccional y el acento en los concursos para acceder a los cargos constituyen una prioridad central en esta administración; se trata de un proyecto de largo aliento que tiene un potencial de impactar de manera muy profunda a toda la sociedad.

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Durante el ejercicio de 2020, la gestión administrativa generó importantes ahorros y economías.

En el Consejo de la Judicatura, se racionalizó el gasto de operación, se contuvo el crecimiento de las estructuras ocupacionales en áreas administrativas, y se simplificaron y automatizaron procesos, todo lo cual permitió generar ahorros por más de 700 millones de pesos.

Como parte de la consolidación de servicios tecnológicos en el Poder Judicial, se migró la operación de los portales y micrositios de la Suprema Corte al centro de datos del Consejo de la Judicatura, lo cual implicó un ahorro del 67.5% respecto del año pasado.

Con el cambio del modelo de compra de bienes de impresión a servicios administrados de impresión, digitalización y copiado, se estiman ahorros del 15% respecto al esquema anterior, lo que representará un ahorro total estimado de 720 millones de pesos en 48 meses.

Finalmente, en el ejercicio del presupuesto, se abatió una vez más la tendencia histórica del subejercicio, al alcanzar una eficiencia en el uso de los recursos de más del 99%.

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Uno de los grandes retos que enfrentó este año el Poder Judicial de la Federación fue la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Entre otros grandes avances, la reforma constitucional marcó la transición a un modelo de resolución de disputas laborales en sede jurisdiccional, en el que, por primera vez, jueces y juezas independientes e imparciales serán los encargados de resolver. Se trata de una reforma que salda una deuda histórica en términos de acceso a la justicia laboral y que transforma el paradigma bajo el cual ésta se imparte, para avanzar a un sistema en el que los derechos laborales sean plenamente exigibles, en el que los juicios sean justos, y en el que se desarrolle una doctrina jurisprudencial que brinde seguridad jurídica y previsibilidad en el ámbito de las relaciones laborales.

Para ello, ha sido fundamental la labor del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Presidido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y en el que el Poder Judicial de la Federación es representado por el Ministro Fernando Franco. A ambos expreso mi reconocimiento.

Este año, gracias a un esfuerzo de coordinación a gran escala, cumplimos en tiempo y forma con la entrada en vigor de la primera etapa de la justicia laboral, lo que significó un enorme reto en términos de infraestructura, tecnología, capacitación, y selección de recursos humanos.

Para la integración de los nuevos tribunales laborales federales, se diseñaron y pusieron en marcha concursos abiertos de oposición para la designación, no sólo de Jueces y Juezas de Distrito especializados, sino también del resto de los operadores que integrarán dichos tribunales.

Por otra parte, se diseñaron diversas herramientas tecnológicas, como son el SIGE, la Calculadora Electrónica de Prestaciones y el Asistente Electrónico de Audiencias. El SIGE es una herramienta de gestión judicial que llevará de la mano a los operadores en la substanciación de los expedientes, favoreciendo el cumplimiento de los plazos. La calculadora electrónica de prestaciones servirá para calcular de manera líquida las prestaciones motivo de condena. Por su parte, el cuaderno electrónico de trabajo servirá como herramienta de auxilio al juez en la audiencia.

Los recursos materiales y humanos están listos. Viene ahora el desafío más grande: impartir una justicia laboral asentada sobre los pilares de la justicia social y el estado de derecho, para dar lugar a un nuevo modelo de relaciones laborales, en el que estén garantizados los derechos de ambas partes y que abra paso a un desarrollo, del que todas las personas podamos ser partícipes.

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Hace dos años, se generó una coyuntura política en la que diversos actores coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma judicial, que reparara la confianza rota entre la sociedad y sus juzgadores. Desde ese momento, afirmé que este proceso de renovación debía provenir del propio Poder Judicial y que, en todo caso, cualquier reforma legal debía emanar de sus filas, responder a sus necesidades y tomar en cuenta su experiencia. Debía ser una reforma con y para el Poder Judicial.

A partir de ese momento comenzó un diálogo público y abierto entre poderes que culminó, el día de ayer, con la aprobación en el Congreso de la Unión, de una trascendente reforma constitucional, que pasará ahora a la consideración de las legislaturas locales.

Esta es la reforma más importante al Poder Judicial desde 1994. Es producto de una colaboración inédita entre poderes, cuyos ejes rectores fueron, ante todo, la autonomía e independencia judicial, así como la consolidación de una justicia de calidad, eficiente y cercana a la gente.

Expreso mi reconocimiento y gratitud al señor Presidente de la República por haber hecho suya la iniciativa y haber respaldado el proyecto que elaboramos; así como a las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y a todas las y los legisladores con quienes mantuvimos un diálogo constructivo, por la confianza depositada en el Poder Judicial. Sabremos responder a ella.

Se trata de una reforma que robustece a la Suprema Corte como tribunal constitucional, para que se materialicen los postulados de la Norma Fundamental; que consolida el sistema de carrera judicial, para que los cargos se obtengan por méritos, no por parentescos o influyentismo; que fortalece el servicio de defensoría pública, para contar con verdaderos abogados del pueblo a todo lo largo y ancho del territorio; y que proporciona mayores herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para combatir la corrupción y el nepotismo.

De esta manera, quedarán consolidados los cambios en la dirección que desde hace dos años nos propusimos.

La reforma traerá invaluables beneficios para una mejor justicia, que haga diferencia en la vida de las personas. Algunos de ellos, serán palpables de inmediato, otros requerirán de un amplio paquete de normas secundarias para su implementación, además de una ingeniería administrativa e institucional de largo alcance en los próximos años. Con todo, en el Poder Judicial nos seguiremos esforzando para consolidar los cambios alcanzados y aprovechar el impulso que a ellos traerá la reforma judicial, en aras de una mejor justicia en beneficio de la gente.

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Señoras y señores,

Hace dos años, asumí la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal convencido de que la ruta para fortalecer y legitimar al Poder Judicial ante la ciudadanía, era vencer las inercias arraigadas en su funcionamiento. Aún quedan muchos objetivos por alcanzar, pero los cimientos están puestos y el camino trazado.

Hoy en día, tenemos una justicia federal con un rostro distinto. Una justicia digital, una justicia en la que se hace más con menos, una justicia que tiende la mano a las personas más vulnerables, una justicia comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho, una justicia que avanza hacia la igualdad y paridad de género.

En esta ruta, hemos contado con los miles de mujeres y hombres que conforman a esta gran institución. El Poder Judicial Federal es tan fuerte como cada uno de sus integrantes; nos une la vocación de servicio, la ética del trabajo y el orgullo de la noble labor que desempeñamos. Está en nuestras manos reivindicar la confianza social, sin la cual la justicia no es sino un mero espejismo.

Estamos demostrando con hechos y no con discursos; con acciones y no con palabras; con resultados y no con promesas, nuestro compromiso con una renovación de la justicia federal.

No nos detuvo la pandemia. No nos han detenido las resistencias. Seguiremos adelante, trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados; para alcanzar una justicia cercana, real, sustantiva y tangible, con el único propósito de servir mejor al pueblo de México.

Muchas gracias.

Discurso