Los derechos como vía hacia la justicia social
En los últimos 20 años —y con mayor intensidad a partir de la reforma constitucional de 2011— los derechos humanos han tenido un auge y se han consolidado como la piedra angular de nuestro sistema jurídico. El derecho a la no discriminación, la libertad de expresión, el interés superior del niño, el debido proceso por mencionar solo algunos, han tenido un desarrollo y se les ha dotado de un contenido que tiende a hacer de ellos derechos plenamente efectivos y tangibles en la vida cotidiana de las personas.
Pero hay una clase de derechos cuyo desarrollo ha sido más lento y menos transformador: los derechos económicos, sociales y culturales, que si bien tienen pleno reconocimiento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, tradicionalmente han enfrentado mayor dificultad para ser exigibles.
Derechos como la salud, la vivienda y la educación también han sido desarrollados por la Suprema Corte, pero quizá no con un alcance que tenga un impacto real en el combate a la desigualdad social. Ciertamente se ha construido doctrina en torno al derecho al mínimo vital, se ha ordenado la construcción de hospitales para satisfacer las necesidades de salud de algunas localidades y se han resuelto casos vinculando a las autoridades a otorgar algunas prestaciones, pero estos criterios no han tenido un impacto estructural…