No al matrimonio infantil
El matrimonio infantil en nuestro país es una realidad que sigue afectando a un número importante de menores, fundamentalmente niñas. Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el 17.3 por ciento de las mujeres entre los 20 y 24 años de edad se casaron siendo niñas, lo que solo ocurrió respecto del 3.9 por ciento de los varones. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del Inegi, en el 2014 había un 15 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años casadas o en unión libre. A partir de esa misma encuesta, ONU Mujeres encontró que, entre las mujeres de 20 a 24 años, 3.74 por ciento se unió antes de los 15 años y 21.4 por ciento antes de los 18; y que de las mujeres que se casaron antes de los 18 años, el 46.9 por ciento solo había cursado la primaria. Se trata, pues, de un fenómeno frecuente, que afecta desproporcionadamente a las niñas, principalmente a las que viven en pobreza; a las que tienen un menor nivel educativo, y que se concentra mayoritariamente en comunidades rurales e indígenas.
Sus efectos nocivos están ampliamente documentados. Cuando las niñas entran en unión conyugal, encuentran dificultades para continuar sus estudios; se coarta su capacidad de decidir sobre el número y frecuencia de los hijos que desean tener; se embarazan siendo adolescentes, lo que conlleva mayores probabilidades de sufrir complicaciones en el embarazo y el parto. Las niñas casadas están expuestas a sufrir violencia doméstica y violencia sexual de sus parejas y a que se afecte su capacidad de actuación y autonomía; en general, ven limitadas sus oportunidades para desarrollarse plenamente y construir un proyecto de vida. Incluso, se han documentado casos de matrimonio forzado que dieron lugar a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial en varios estados y municipios del país.