En sesión de seis de julio de dos mil dieciséis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fundado el recurso de reclamación al rubro citado, promovido en contra del acuerdo en el cual el Ministro instructor en la controversia constitucional desechó el escrito de ampliación de la demanda que presentó el municipio actor.
El Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Decreto mediante el cual el Gobernador de la entidad asumió de manera inmediata y temporal el mando policial de dicho Municipio. Días después, el actor presentó un escrito que impugnaba: i) el artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, artículo aplicado en el citado Decreto; ii) las órdenes dictadas para que la policía municipal fuera privada de su armamento, y iii) la ejecución y cumplimiento del decreto impugnado en la demanda inicial. El Ministro instructor desechó la ampliación de la demanda, por considerar que los actos impugnados por ese medio no constituían hechos nuevos o supervenientes.
La Primera Sala estimó, en síntesis, que tanto el artículo impugnado como la ejecución y cumplimiento del Decreto, son susceptibles de impugnación dentro del mismo plazo legal que corresponde al Decreto combatido como complemento del escrito inicial; mientras que respecto de las órdenes dictadas para que la policía municipal fuera privada de su armamento, la causa de improcedencia no cumple con el requisito de ser manifiesta e indudable, siendo en la sentencia definitiva cuando este Tribunal debe pronunciarse respecto de la procedencia de estos actos. En estas condiciones, el fallo mayoritario ordena admitir la ampliación de la demanda respecto de las tres cuestiones planteadas.