Vivimos en un país en el que miles de familias sufren el dolor y la desesperación de no conocer el paradero de algún ser querido. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde 2006 más de 35 mil personas permanecen sin ser localizadas. Aunque es probable que la mayoría de las desapariciones hayan sido perpetradas por los grupos del crimen organizado, está documentado por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, que muchas de esas personas —no sabemos a ciencia cierta cuántas— han sido desaparecidas con la intervención directa o indirecta de agentes estatales, quienes han autorizado, colaborado o consentido la privación de la libertad y posteriormente se han negado a reconocer la detención y a revelar la suerte o paradero de las víctimas.
Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos tanto de la víctima como de sus familiares —a la libertad e integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al acceso a la justicia, al recurso judicial efectivo, a la verdad, entre otros—, por lo que se trata de una de las más graves y crueles formas de violación de derechos, sobre todo cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado…