Una reforma con y para el Poder Judicial
El 12 de febrero pasado, en un ejercicio histórico de colaboración entre poderes, se dio un paso decisivo hacia una reforma que renueve al Poder Judicial de la Federación, con pleno respeto a su independencia y autonomía. La propuesta fue elaborada al interior del Poder Judicial y el Presidente de la República la suscribió como iniciativa, sin modificación alguna; el proyecto fue entregado a miembros del Senado de la República, que acudieron a recibirlo a la Suprema Corte, todo lo cual abona a la fortaleza de nuestro estado constitucional y democrático de derecho.
La reforma que proponemos tiene, como primer eje, fortalecer el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional. Para ello, se plantea una verdadera revolución de la jurisprudencia, avanzando a un sistema de precedentes en el que las consideraciones de las sentencias de la Corte, aprobadas por una mayoría calificada, sean obligatorias sin necesidad de reiteración, a fin de que su labor interpretativa enmarque la labor de todos los órganos jurisdiccionales del país.
Asimismo, atendiendo a la añeja demanda de desahogar la carga de trabajo de la Corte, para permitir que se concentre en la emisión de sentencias de alta calidad que resuelvan los problemas jurídicos más relevantes para la sociedad, se propone reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo en revisión, para que solo conozca de aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución y los que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.