Mucho se ha comentado en estos días acerca del impacto desproporcional que tienen los fenómenos naturales en los países con debilidad institucional; sobre las consecuencias siempre más devastadoras para quienes se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se ha dicho cómo detrás de lo que llamamos tragedias, casi siempre encontramos historias de negligencia, indiferencia, desidia y corrupción, y de cómo todo ello se remonta a un lamentable entendimiento del servicio público como privilegio, como oportunidad de servir a los intereses propios.
Conforme emergen estas historias, se deteriora el vínculo de confianza que debería existir entre los ciudadanos y quienes los gobiernan, y con ello se erosiona aún más la democracia.
Por ello, es indispensable que en los meses por venir se deslinden con toda claridad las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos cuyas acciones u omisiones provocaron la pérdida de vidas humanas y la destrucción de todo lo que poseían cientos de familias, a consecuencia del terremoto del 19 de septiembre. De igual modo, será necesario proceder contra los particulares coludidos con las autoridades o que las engañaron omitiendo o falseando documentación. Al respecto, las investigaciones deben ser serias, exhaustivas, expeditas, imparciales y transparentes…