En las últimas dos décadas el papel de la Suprema Corte en la consolidación de nuestra democracia ha sido fundamental. La Corte ha contribuido al equilibrio, la estabilidad y la gobernabilidad del país; ha sido un contrapeso real en nuestro sistema de división de poderes, árbitro de los conflictos políticos y garante del federalismo y, sobre todo, a través de su labor interpretativa, ha dado un contenido real y tangible a los derechos humanos.
Esta posición de la Corte como depositaria de uno de los poderes del Estado la obliga también a asumir una posición frente al momento histórico que hoy estamos viviendo. Las pasadas elecciones reflejaron un profundo descontento social. Fueron reveladoras de un desprestigio generalizado de las instituciones y —tenemos que reconocerlo— mucho de este hartazgo y de esa frustración social se dirigió expresamente al Poder Judicial de la Federación…