Los retos de la justicia laboral
La reforma laboral del 1 de mayo de 2019, que concreta los postulados de la reforma constitucional de 2017, es la modificación más trascendente al derecho laboral mexicano desde la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970. Implica un marco jurídico totalmente novedoso que involucra a trabajadores, sindicatos, patrones y autoridades; comprende modificaciones a múltiples ordenamientos legales, y se articula en torno a los ejes de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
En el aspecto de justicia laboral, el núcleo de la reforma consiste en que la competencia para resolver los conflictos entre trabajadores y patrones se deposita en los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas y se separan las funciones conciliatoria y jurisdiccional, a través del establecimiento de una instancia conciliatoria previa y obligatoria, ante centros de conciliación especializados en mediación laboral.
Este cambio de paradigma en la impartición de justicia laboral supone para el Poder Judicial de la Federación un reto mayúsculo. En materia de infraestructura, será necesario crear los órganos de justicia laboral, los cuales por ley requieren de recursos operativos especializados, tales como una plataforma digital para realizar notificaciones por vía electrónica; equipo de grabación para el desahogo de las audiencias, programas de cálculo de prestaciones laborales, aplicaciones digitales para tener conectividad con las autoridades laborales y, en general, todos los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos sean ágiles y efectivos.