En muchas partes del mundo la justicia constitucional enfrenta una crisis de legitimidad. En países como Brasil, Argentina, Israel, Estados Unidos o la India —por mencionar algunos ejemplos— han surgido duros señalamientos en el sentido de que las cortes exceden sus atribuciones y no responden a las demandas de la sociedad.
Hoy, distintas voces subrayan que las cortes supremas no deben intervenir en la arena política, enarbolar las causas de los jugadores políticos, ni zanjar cuestiones cuya deliberación corresponde a la sociedad a través de los mecanismos de la democracia (J. Waldron, 2016). Insisten en que no les corresponde decidir cuánta regulación es demasiada, ni erigirse como ente fiscalizador sobre otros poderes, sino velar imparcialmente por la vigencia de la Constitución. Apuntan que, cuando operan de manera irresponsable, las cortes se pueden convertir en “un peligro para el orden democrático” (E. Kagan, S. Sotomayor y K. Jackson, 2023).