El pasado 20 de abril, la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado contra las reformas a la Ley de la Guardia Nacional. Como lo he hecho siempre, voté con pleno apego a la Constitución, en congruencia con mis precedentes y mi visión de la justicia.
El caso implicaba determinar si, al asignar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia perdía su carácter civil para convertirse en una institución militar, ajena a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Desde mi punto de vista, ello no es así.