Guardería ABC: no debieron morir
El 5 de junio de 2009, en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, murieron 49 niños y niñas, a causa de la negligencia inexcusable de las autoridades que estaban encargadas de cuidarlos. Esta tragedia no fue un mero accidente; fue una injusticia y una grave violación de derechos humanos, que pudo haberse evitado si el Estado hubiera cumplido con su deber básico de salvaguardar la vida y la integridad de las personas y de velar por el interés superior de los niños que estaban bajo su cuidado.
Murieron 49 niños y más de 100 resultaron lesionados, porque existía un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia del sistema de guarderías subrogadas del IMSS, particularmente en el ámbito de la protección civil. Un desorden que, inexplicablemente, permitió el funcionamiento de un establecimiento improvisado, que operaba en condiciones de inseguridad de tal magnitud, que en el lapso de escasos minutos, se convirtió en una trampa mortal.
Estos hechos, que cimbraron a la sociedad, brindaron a la Suprema Corte la oportunidad privilegiada de pronunciarse sobre la responsabilidad política, constitucional y ética derivada de las violaciones graves a los derechos humanos. A través de la hoy extinta facultad que la Constitución le concedía para investigar este tipo de violaciones, la Corte estuvo en posibilidad de identificar a los responsables últimos de la indolencia con la que tristemente muchos servidores públicos desempeñan sus funciones en nuestro país…