Ley de seguridad interior: fraude a la Constitución
En días pasados la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior expedida por el Congreso de la Unión hace casi un año, con lo que dicho ordenamiento quedó definitivamente expulsado de nuestro orden jurídico. A lo largo de tres sesiones que se distinguieron por la riqueza argumentativa de la discusión, una mayoría de ministros alcanzó, bajo distintos ángulos y con diversos matices, la conclusión de que la ley instituía la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en contravención al marco constitucional que las rige.
Desde mi punto de vista la Ley de Seguridad Interior, bajo la fachada de normar la seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional, lo que en realidad hacía era regular una función de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas, en un verdadero fraude a la Constitución en sentido técnico, es decir, que de manera subrepticia la ley autorizaba que las fuerzas armadas llevaran a cabo tareas que materialmente son de seguridad pública, llamándolas simplemente acciones de seguridad interior, con la única finalidad de eludir el mandato constitucional de que las funciones ordinarias de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles…