La pandemia del covid-19 supone un reto mayúsculo para los sistemas de salud y para las economías de todo el mundo, pero también para las instituciones de administración de justicia. Ningún tribunal estaba preparado para una situación como esta y todos están tratando de buscar soluciones que permitan no paralizar por completo la impartición de justicia.
En un contexto de emergencia sanitaria es imprescindible garantizar el acceso a la justicia para que las personas puedan hacer valer sus derechos, sin poner en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población, cuya protección en estos momentos resulta prioritaria. En este sentido, es necesario adoptar medidas inmediatas, que permitan dar la mayor efectividad posible a los derechos humanos, que sean respetuosas del debido proceso, de la igualdad procesal, y que permitan anticiparse al repunte de casos que vendrá con el gradual retorno a las actividades.
En México, el Poder Judicial de la Federación actuó con rapidez, responsabilidad y seriedad, cuando desde el 18 de marzo decidió suspender actividades presenciales, para prevenir contagios en sitios de gran afluencia como son los órganos jurisdiccionales; determinación que marcó la pauta para un número importante de tribunales del país.
La prioridad ha sido contribuir a salvar vidas sin paralizar la impartición de justicia. Con esta finalidad se implementó un sistema de guardias, que durante este tiempo ha permitido atender los casos más urgentes, tomando las medidas de prevención necesarias, incluyendo el desahogo de audiencias urgentes por videoconferencia en tiempo en los centros de justicia penal…