Olga es una mujer de escasos recursos, desempleada, con diabetes, que siempre dependió económicamente de su hermano. Cuando éste falleció, Olga enfrentó dificultades para ser declarada beneficiaria de los fondos de la cuenta individual, a pesar de que su hermano nunca tuvo pareja ni hijos y sus padres habían fallecido.
Desesperada, acudió a un Tribunal Laboral Federal, en donde fue referida con una asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. En marzo de 2021, Olga presentó una demanda para hacer valer sus derechos en materia de seguridad social y en septiembre el tribunal dictó sentencia confirmando la dependencia económica de Olga respecto de su hermano y, por lo tanto, su derecho a ser declarada única y legítima beneficiaria. Al no existir alguna persona con derecho a recibir los recursos de la cuenta individual, se ordenó su entrega a Olga.
Este no es sino un ejemplo de cómo el tránsito al nuevo modelo de justicia laboral —que la semana pasada inició la segunda fase de implementación— ha comenzado a dar resultados, y tiene ya un impacto real en la vida de las personas.