El panorama que afronta nuestro país no es nada alentador. Como nunca en muchas décadas, enfrentamos una amenaza externa cuyas consecuencias económicas y sociales pueden ser desastrosas. Se presenta como posibilidad real, un escenario de deportaciones masivas, bloqueo a las inversiones, impuestos a las remesas y una renegociación desfavorable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todo, mientras en el ámbito interno prevalece un clima de desánimo social por la violencia, la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
Ante esta realidad, me parece fundamental hacer una reflexión sobre la importancia que tienen los derechos humanos —su respeto y desarrollo— como eje en torno al cual debemos fundar nuestra fortaleza y unidad, de cara a los retos por venir. Si lo vemos con cuidado, los derechos permean a todo, lo tocan todo, y por ello, cualquier solución que se proponga tiene que pasar por ellos.
Así por ejemplo, en el tema de nuestros connacionales que enfrentan procedimientos de deportación en Estados Unidos, la principal preocupación del Estado mexicano debe ser velar por el respeto a sus derechos, entre los que se encuentran el derecho de los niños a no ser separados de sus familias, el derecho a no ser detenidos arbitrariamente, el derecho a la protección consular, entre otros. Pero todo ello conlleva, además, el deber de proteger esos mismos derechos respecto de los migrantes que ingresan por la frontera sur. No podemos exigir lo que no damos…