La discriminación estructural y la violencia de género que enfrentan las mujeres en todas partes del mundo —y especialmente en nuestro país en su manifestación más extrema que es la violencia feminicida— es una tragedia colectiva que no debemos aceptar como inevitable o como parte del paisaje.
Grupos de mujeres, colectivas, organizaciones de la sociedad civil, familias de las víctimas llevan años alzando la voz, exigiendo soluciones, tratando de visibilizar la brutalidad de esta realidad, y muy poco ha cambiado. En este país siguen matando niñas y mujeres impunemente. Todos los días nos enteramos de un nuevo caso y las circunstancias son siempre similares: una pareja celosa, un desconocido al acecho, un violentador consuetudinario, un depredador sexual, un tratante o traficante de personas que ve a las mujeres como mercancía disponible.
A pesar de los reclamos, a pesar de la indignación transitoria que acompaña a algunos casos, a pesar de que las mujeres tomen las calles, las respuestas institucionales han sido insuficientes. Poco o nada ha cambiado y en este país siguen matando entre 10 y 11 mujeres cada día, en total impunidad, sin que las familias conozcan la verdad de lo acontecido, sin que obtengan reparación.