Desde hace tiempo he insistido en la necesidad de reflexionar, con sentido autocrítico, sobre las debilidades institucionales que han erosionado la confianza de la sociedad en sus juzgadores federales. El añejo problema de las cargas de trabajo que demoran la impartición de justicia, el establecimiento de un sistema meritocrático transparente, la efectiva comunicación sobre la labor que desempeñamos, el combate a los casos puntuales de corrupción, así como el ejercicio más eficiente de los recursos públicos, son tareas pendientes que deben atenderse urgentemente para reforzar el papel que desempeñamos en nuestro orden constitucional.
Un Poder Judicial de la Federación fuerte y legitimado ante la sociedad es indispensable para la consolidación de la democracia. Los jueces —particularmente los jueces federales— somos los encargados de proteger los derechos humanos de las personas, de brindar certidumbre a las transacciones y operaciones jurídicas, de dar salida institucional a conflictos políticos y sociales y, en este sentido, de asegurar la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el estado de derecho…