Milenio

El momento de la reforma judicial

Hace casi 10 años, como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparecí ante el Senado de la República y me comprometí a abrir las ventanas de la Corte para que entrara aire fresco. Expuse un decálogo de la renovación que, a mi juicio, era necesaria para enfrentar los reclamos sociales de justicia —tan añejos y tan vigentes. Durante los siguientes nueve años me esforcé por cumplir aquello con lo que me comprometí desde el primer día: participar en el desarrollo de los derechos humanos, a fin de darles contenido, robustez y efectividad. Busqué impulsar criterios garantistas que tuvieran un impacto real en beneficio de las personas. En materia de libertad de expresión, igualdad de género, no discriminación, interés superior de la infancia, debido proceso, derecho a un medio ambiente sano, derechos de personas con discapacidad, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, etc., mi prioridad fue siempre dar la protección más amplia e interpretar de la manera más favorable, para hacer diferencia en la vida de las personas. Ahora, como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, me guían los mismos principios y el mismo compromiso de renovación. Por ello, hemos iniciado una verdadera autorreforma del Poder Judicial de la Federación, centrada en los ejes de combate a la corrupción y al nepotismo; igualdad de género y paridad; eficiencia administrativa y austeridad; así como acceso a la justicia. En el Consejo de la Judicatura Federal se han implementado nuevas políticas en materia de cambios de adscripción y se han hecho más estrictos los estándares para la ratificación de juzgadores; están en curso los primeros concursos internos de oposición, exclusivos para mujeres, para la designación de juezas de distrito y magistradas de circuito; en el Instituto Federal de Defensoría Pública se han implementado políticas para prestar un servicio integral de defensoría que asegure el acceso a la justicia de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad; se han iniciado procesos consultivos con la sociedad civil, para la actualización de los protocolos de actuación para impartidores de justicia; hemos emprendido esfuerzos de capacitación coordinados entre el Instituto de la Judicatura Federal, la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte y el Centro de Estudios Constitucionales, con miras a transformar el paradigma de formación de los juzgadores y del personal jurisdiccional. En general, hemos buscado una mayor cercanía con la gente a través de nuevas estrategias de comunicación, utilizando de mejor manera los recursos disponibles, haciendo más con menos.

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