Es innegable que nuestro país atraviesa por una crisis de credibilidad y confianza en las instituciones. Existe descontento social y frustración en diversos ámbitos de la vida pública y ante tal coyuntura es claro que el Estado debe responder y refrendar su compromiso con los ciudadanos. En este contexto, es de la mayor relevancia que la Suprema Corte se fortalezca y logre apuntalar su legitimidad, porque las funciones que desempeña son esenciales para la gobernabilidad del país.
Por un lado, la Corte funge como árbitro de los conflictos político-constitucionales. Su tarea es dar salida institucional a cualquier conflicto entre entes públicos y en tal sentido, contribuye al fortalecimiento del Estado cuando asegura que las relaciones entre los poderes y órganos se den en los términos que marca la Constitución, preservando la división de poderes y el federalismo y velando por el correcto ejercicio de las competencias que a cada uno corresponden. Pero además, en su función de órgano cúspide del sistema judicial y garante de los derechos humanos, la Corte da cauce a los reclamos de justicia de las personas, de manera que la protección que les brinda constituye una válvula de escape a las tensiones sociales…