Contra el delito y la impunidad, el estado de derecho
Por mucho tiempo se sostuvo el discurso de que los derechos eran un obstáculo para la persecución de los delitos. Que si se quería acabar con la impunidad había que reconsiderar la conveniencia de darles una protección robusta. Que había una incompatibilidad de fondo entre el respeto a los derechos y la efectiva persecución de los derechos.
Lo cierto es que combatir la delincuencia con las armas de la delincuencia probó ser un total fracaso. Bajo ese paradigma, la violencia siguió en aumento, no se redujeron los índices de impunidad y el costo en materia de violación a los derechos humanos fue altísimo. Era común la fabricación de culpables y las cárceles estaban llenas de inocentes. El desdén por el debido proceso solo generó dolor, sufrimiento y pocos o nulos resultados.
En la actualidad, el reto y la apuesta por parte de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia a nivel federal es combatir la impunidad a través del paradigma de los derechos y del constitucionalismo, con las armas del derecho y la democracia. Es bajo esa lógica que se está abordando el caso Ayotzinapa y ya se empiezan a ver los resultados.
En este modelo, el rol de los jueces federales para asegurar el respeto a la legalidad, en el ejercicio del poder público, es de especial importancia. Su papel no es el de validar los señalamientos que a priori se hagan sobre la culpabilidad de las personas sometidas a los procedimientos de su competencia, sino el de controlar que éstos se ciñan a los estándares que la Constitución impone.
El debido proceso, la presunción de inocencia, y el derecho a una tutela judicial efectiva, son conquistas sin cuya observancia se abre paso a la arbitrariedad. En tal sentido, la labor de los jueces es fundamental para asegurar que la persecución de los delitos se realice única y exclusivamente con apego a tales principios. Solo de esa manera resulta legítima.
Esto no significa que los jueces deban ser insensibles o ciegos a la situación por la que atraviesa nuestro país. Los jueces ejercen una de las vertientes del poder del Estado y son, en esa medida, —junto con los primeros respondientes, los encargados de la seguridad pública y los responsables de la procuración de justicia— eslabones de una misma cadena.