Es un lugar común afirmar que los jueces solo deben hablar a través de sus sentencias. Que su investidura exige guardar silencio y mantenerse aislados de los asuntos públicos. Se cuestiona que participen en las redes sociales, como si hacerlo pusiera automáticamente en duda su imparcialidad o la independencia de su función.
Lo cierto es que la labor de un juez constitucional —la defensa de los derechos humanos, particularmente de las personas y grupos más vulnerables— no puede hacerse al vacío, ignorando las demandas y realidades de la sociedad.