Nuestro sistema de justicia penal está roto. Es un sistema que mantiene ilegítimamente en la cárcel a decenas de miles de personas por delitos que nunca fueron debidamente investigados o que les fueron fabricados. Personas que no recibieron un juicio justo; juzgadas sin perspectiva de género o que, siendo indígenas, no fueron asistidas por un intérprete o traductor. Personas a las que se les impusieron condenas desproporcionadas; a las que se les niegan injustamente beneficios, o a las que, por estar acusadas por delitos de alto impacto, se les escatima la condición de humanidad. Personas que, simplemente, esperan en prisión preventiva que avancen juicios interminables mientras afuera nadie investiga nada.
De todo esto me hablaron las mujeres de Santa Martha Acatitla con lágrimas en los ojos, con profundo dolor, pero con un atisbo de esperanza.
Que hoy estemos hablando de ellas es un primer gran paso. Que sus historias resuenen y que sus rostros sean volteados a ver es el necesario punto de partida para cambiar las cosas. Que las veamos como las víctimas que son de un sistema profundamente injusto es el primer acuerdo al que debemos llegar como sociedad.