El aborto es un drama que viven niñas, adolescentes y mujeres de todos los estratos sociales y que las enfrenta a circunstancias personales, emocionales y sociales de la mayor complejidad. Las razones que llevan a una mujer a abortar, las condiciones de insalubridad y clandestinidad en que algunas se ven forzadas a hacerlo, las secuelas en su salud física y mental, la criminalización de la que son objeto, o en su caso, la obligación de llevar a término un embarazo no deseado, producen un dolor humano inimaginable, sobre todo para las mujeres que viven en condiciones de marginación económica y social, para quienes es más difícil el acceso a abortos seguros, además de que son más vulnerables a la actuación insensible de las instituciones públicas y al poder punitivo del Estado.
A la luz de esta realidad, es claro que la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida y en contra de ella. Todos estamos a favor de la vida; la pregunta es si constitucionalmente es permisible criminalizar a la mujer que aborta, sin tener en cuenta las circunstancias que la orillan a hacerlo y sin ponderar los derechos e intereses en juego.