Hace tres años planteé una ruta para la transformación del Poder Judicial de la Federación. Establecí los ejes que a mi juicio debían guiar esta transformación y fijé una agenda concreta para lograr cambios tangibles.
Los compromisos que asumí tienen una raíz profunda en los principios, valores y convicciones que han guiado toda mi trayectoria profesional y, particularmente, como juez constitucional.
La renovación que propuse se centró en lograr satisfacer las añejas demandas de justicia del pueblo de México. En cómo dejar atrás la justicia elitista que tanto tiempo ha estado al servicio de los privilegios. En cómo contribuir a desarticular el pacto de desigualdad sobre el que está construida nuestra realidad.
Gozar de la misma dignidad; tener las mismas oportunidades; tener cubiertas las necesidades mínimas para una subsistencia decorosa; gozar de la libertad real para decidir sobre el destino propio, es algo por lo que el pueblo de México ha luchado a lo largo de siglos.
Nuestra historia constitucional es la historia de una sociedad ávida de libertad, igualdad, justicia y bienestar. Es la historia de la lucha de los trabajadores por condiciones dignas; la lucha de los pueblos y comunidades indígenas por su reconocimiento y autodeterminación; la lucha de las mujeres por la igualdad; la lucha de las personas con discapacidad por ser tomadas en cuenta en un mundo con barreras, la lucha de las personas de la diversidad sexual por simplemente ser quienes son.