DISCURSO DEL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA EN EL MARCO DEL EVENTO “UNA REFORMA JUDICIAL CON Y PARA EL PODER JUDICIAL”.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2019
GRACIAS, BUENOS DÍAS.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PRESIDENTE DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA, CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, COORDINADORES Y COORDINADORAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPRESENTADOS DE LA CÁMARA DE SENADORES, SEÑORAS Y SEÑORES MINISTROS, SEÑORAS Y SEÑORES CONSEJEROS, SEÑORAS Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
DISTINGUIDOS INVITADOS:
Agradezco mucho la invitación del Senado de la República –y particularmente del Senador Monreal– para participar en este acto inaugural de los trabajos para “Una reforma judicial con y para el poder judicial”. Se trata de un hecho histórico con el que inicia un diálogo institucional entre Poderes, hacia una reforma integral en materia de justicia.
Este diálogo nos brinda la oportunidad única de intercambiar diagnósticos y experiencias, con miras a encontrar las mejores soluciones a los complejos problemas que enfrenta la impartición de la justicia federal. Estar aquí reunidos es un ejercicio republicano y democrático alentado por el objetivo común de satisfacer las demandas sociales de justicia que son —como lo he dicho antes en este recinto— tan añejas y tan vigentes.
Como punto de partida en este proceso debo afirmar, categóricamente, que el Poder Judicial de la Federación ha servido a México con vocación y entrega. La gran mayoría de quienes lo conforman son personas con un compromiso institucional inquebrantable, caracterizados por la ética y el profesionalismo.
Mujeres y hombres que han dedicado sus vidas a la impartición de justicia con total honestidad. Las juezas y jueces federales han contribuido decididamente a la construcción del estado de derecho en nuestro país y han sido, para muchas personas, la luz al final del camino, en el difícil proceso de obtener justicia.
Por su parte, la Suprema Corte de Justica de la Nación –desde la reforma que en 1994 reconfiguró su composición y facultades para convertirla en el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano– ha sido un órgano fundamental para nuestra democracia. Sus sentencias han sido instrumentales para transitar a un constitucionalismo real, sustentado en la defensa de la división de poderes y del federalismo y, sobre todo, en el desarrollo y protección de los derechos humanos.
La Corte ha sido motor de grandes avances democráticos; su papel como órgano equilibrador ha sido crucial para la vigencia del estado de derecho y para la estabilidad democrática; en su rol como agente de transformación social, ha impulsado un cambio en la cultura jurídica y ha contribuido a implantar en el discurso público un lenguaje de los derechos. Además, a través del ejercicio de sus competencias, ha emprendido la tarea de dar vigencia a los postulados constitucionales de igualdad y justicia social.
Pero lo cierto es que, a pesar de los avances que ha impulsado, el Poder Judicial de la Federación no ha podido ganarse la plena confianza de la ciudadanía. Somos percibidos —a veces injustamente— como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado solo por administrar sus privilegios, y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas.
Esto se ha debido, en gran medida, al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción, que sin bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto. Por un lado, el nepotismo ha dañado el sistema meritocrático en la carrera judicial y ha producido redes de encubrimiento, que a su vez impiden la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas. Por su parte, la impunidad frente a los casos de corrupción ha dado lugar a la existencia de cotos de poder y de arrogancia.
Para combatir estos males el Poder Judicial de la Federación inició, a principios de este año, un proceso de autorreforma centrado en los ejes de combate a las prácticas indebidas, fortalecimiento de la carrera judicial, cercanía con las personas y paridad de género.
Partiendo de una mirada autocrítica, aspiramos a ser un Poder Judicial más transparente, con sensibilidad social, comprometido con la austeridad, y libre de los vicios que han erosionando nuestra legitimidad.
En el ámbito del combate a la corrupción, hemos intensificado las investigaciones, hemos destituido y suspendido a jueces y magistrados, hemos aumentado el número de visitas extraordinarias, como mecanismo de auditoría especializada para órganos jurisdiccionales. Asimismo, aprobamos un acuerdo general para fortalecer y hacer más eficiente a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y se implementó un programa anual de verificación patrimonial. De igual manera, hemos flexibilizado los criterios para la admisión de las quejas contra servidores públicos, eliminando los requisitos formales que anteriormente obstaculizaban su análisis de fondo.
En materia de fortalecimiento de la carrera judicial se aprobó un acuerdo que establece una nueva política de reincorporación, adscripción, readscripción y ratificación de juzgadores, para establecer lineamientos que privilegien la capacidad y la honestidad y que a la vez permitan prevenir casos de conflicto de interés, nepotismo y corrupción, mediante la desarticulación de redes, además de que se hicieron más estrictos los estándares para la ratificación de juzgadores.
Asimismo, en cuanto a la capacitación de los servidores públicos, renovamos el comité académico del Instituto de la Judicatura Federal para que esté conformado por personas dedicadas a la academia; redefinimos el modelo de capacitación jurisdiccional y administrativa, y mejoramos el proceso de selección de docentes.
Por cuanto hace a la paridad de género, se lanzaron y están en marcha los primeros concursos para juezas de distrito y magistradas de circuito; se está actualizando el Protocolo para juzgar con perspectiva de género a través de un proceso consultivo con la sociedad y se han implementado medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral.
Hemos implicado a la ciudadanía en nuestras labores, a través de los procesos consultivos para la actualización de los protocolos para juzgar con perspectiva de género y para casos que involucren a personas migrantes, incluyendo en dichos procesos no solo a las organizaciones civiles más conocidas, sino a las que trabajan directamente con la gente, en las comunidades.
En el Instituto Federal de Defensoría Pública se han implementado políticas para prestar un servicio integral de defensoría que asegure el acceso a la justicia de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Se estableció el centro de atención telefónica Defensatel; se han reducido los tiempos de espera a través del sistema de programación de citas; se incrementó el número de intérpretes hablantes de lenguas indígenas; se crearon asesores jurídicos especializados en atención a personas con discapacidad, migrantes, repatriados y refugiados; se creó una Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura.
Estas son algunas de las medidas más representativas del cambio que se está llevando a cabo en el Poder Judicial de la Federación y son prueba de que la reforma desde adentro no solo es posible, sino
que está decididamente en marcha, y a pasos agigantados. Son prueba también, del compromiso y voluntad de marcar un cambio de rumbo, en los hechos y no solo en el discurso.
Con todo, para que esta renovación pueda consolidarse y que puedan profundizarse algunos de sus ejes rectores es necesaria una reforma más amplia que provea un marco normativo sólido para darle fortaleza y continuidad. Estamos en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial de la Federación y que lo dote de mejores herramientas para servir a la sociedad.
Por ello, tal y como lo hemos acordado con el Senador Monreal, el Poder Judicial de la Federación hará llegar al Senado, con absoluto respeto de sus facultades constitucionales y de la de los propios senadores y senadoras, una propuesta de las reformas que, desde nuestra perspectiva, son necesarias para continuar en el camino de renovación que hemos emprendido.
Agradecemos la invitación para trabajar con todos los grupos parlamentarios del Senado, de tal manera que se trate de un diálogo amplio y abierto que fortalezca la independencia del Poder Judicial de la Federación.
En el marco de la reforma judicial con y para el poder judicial, estamos convencidos de que nuestra visión y nuestra experiencia son indispensables. Estamos abiertos al escrutinio y a las propuestas que abonen a la consolidación de un mejor sistema de justicia, entendiendo que la reforma que emerja de este ejercicio debe ser producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial.
Los jueces federales y particularmente los jueces constitucionales somos pilar esencial de una sociedad libre y democrática. El fortalecimiento de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación y, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable en un estado constitucional y democrático de derecho. Debemos apostar por un Poder Judicial fuerte, plenamente legitimado ante la sociedad, y que rinda cuentas.
Como poderes del Estado, nos une una misma aspiración de servir mejor a la sociedad a la que nos debemos. Nos une la misma visión de una justicia a la que tengan acceso efectivo todas las personas; sobre todo, las más humildes, las históricamente excluidas y discriminadas, las que nunca han tenido voz.
Tengo confianza en que el resultado de esta colaboración entre Poderes será una reforma de Estado, que dará cauce a las exigencias de justicia del pueblo de México. Todos queremos una mejor justicia. Sin ella, la igualdad, la libertad, la dignidad y la seguridad son solo una quimera, un lenguaje vacío, una mera aspiración.
Es momento de trabajar juntos para que, de la mano, hagamos posible una sociedad más justa, más incluyente, y más igualitaria.
Muchas gracias.