La pandemia provocada por la covid-19 es la crisis global más importante de nuestra historia reciente. En todo el mundo, las sociedades, gobiernos e instituciones han enfrentado retos inéditos: hemos visto economías debilitadas, sistemas de salud pública rebasados, sistemas educativos paralizados, todo ello acompañado por una enorme carga de sufrimiento humano. Los poderes judiciales, que no podían ser la excepción, han debido enfrentarse a un doble desafío: por un lado, garantizar el acceso a los servicios de justicia sin poner en riesgo la salud del personal y del público usuario, y por otro, proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía en la emergencia sanitaria. El caso mexicano es notable en ambos rubros.