Aborto: la mujer frente a la justicia
Artículo publicado en la revista NEXOS, el 1º de septiembre de 2016
Arturo Zaldívar
El aborto plantea uno de los debates más arduos que existen en la sociedad. La cuestión enfrenta distintos puntos de vista que con frecuencia son defendidos vehementemente. Estas posturas, además, descansan en divergencias profundas y trascendentales. Con todo, se ha pretendido articular esta cuestión como una supuesta pugna entre quienes están a favor de la vida y quienes están en contra de ella. Ése, sin lugar a dudas, es un falso debate.
En efecto, las demandas de libertad y dignidad de la mujer no tienen por objeto anular la vida; en realidad se trata de poner de relieve que penalizar la decisión de practicarse un aborto provoca consecuencias dramáticas en la vida de muchas mujeres embarazadas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año 22 millones de mujeres se someten a abortos inseguros, lo que deriva en cerca de 50 mil muertes y por lo menos en cinco millones de complicaciones.1 En México 7.3% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros.2 Además, entre agosto de 2012 y diciembre de 2013 se registraron 682 casos de mujeres criminalizadas por el delito de aborto en toda la República, de las cuales 29 fueron condenadas por sentencia definitiva.3
El caso de Margarita se inscribe en ese contexto. Margarita se enteró de que su embarazo era de alto riesgo, incluso uno de sus médicos recomendó la interrupción inmediata del embarazo. Además, una prueba genética demostró que el producto de la concepción tenía el síndrome de Klinefelter, el cual provoca que no se desarrollen los genitales en la pubertad. Ante tal escenario la mujer solicitó a los médicos del Centro Médico 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE, un aborto por razones de salud. El hospital negó su petición reiteradamente sosteniendo que no tenía derecho a practicarse un aborto, en tanto el síndrome genético que padecía el producto no le impediría ser autosuficiente. Con la presión del tiempo y los riesgos del embarazo amenazando su salud, Margarita no tuvo más remedio que interrumpir su embarazo en una clínica privada.
Ante este panorama, Margarita acudió a la justicia federal para reclamar que el hospital violó su derecho a interrumpir su embarazo. En su demanda de amparo sostuvo que los artículos del Código Penal Federal que regulan el aborto son inconstitucionales porque sólo permiten el aborto en el caso de violación o cuando está en grave riesgo la vida —que no la salud— de la mujer embarazada.4 Este caso fue desestimado, pues el juez que lo resolvió consideró que las normas penales nunca fueron aplicadas, ya que la señora no fue sometida a un proceso penal. Esta decisión fue recurrida por Margarita…