Prefacio
Los coordinadores de esta oportuna obra selectiva, cuyo objetivo es reflexionar acerca de la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el matrimonio igualitario, me han pedido que exprese algunas ideas sobre el papel que cumple la Suprema Corte como como garante de los derechos humanos 2011 1 y, particularmente, de los derechos de las minorías sociales como la comunidad homosexual. En reiteradas ocasiones he manifestado que dichas reformas exigen un cambio de paradigma en la concepción que tenemos los jueces constitucionales de nuestra función en un Estado constitucional y democrático de derecho.
Decir que las reformas nos obligan a cambiar nuestra concepción de la jurisdicción
constitucional no es una afirmación inocua si pensamos en la visión, hasta ahora mayoritaria en nuestro medio, de lo que es la función judicial. Para la concepción tradicional de la jurisdicción constitucional, los jueces somos garantes de un orden previamente establecido sin mayor capacidad de innovación o cuestionamiento del orden existente. Según esa perspectiva, por ejemplo, los jueces deben limitarse a resolver casos concretos conforme a las leyes vigentes sin cuestionarse su compatibilidad con la Constitución y los derechos humanos previstos e los tratados internacionales suscritos por el Estado, ni reparar en las experiencias, situaciones o sufrimientos de las personas que viven más allá de los expedientes. De acuerdo con el nuevo paradigma constitucional de los derechos, esta concepción debe ser abandonada.
Ahora bien, para que este nuevo paradigma se haga realidad, debe reflejarse en decisiones concretas y bien razonadas que protejan los derechos humanos, particularmente aquéllos de las minorías sociales. Con esta lógica, la Suprema Corte de Justicia ha construido la línea jurisprudencial que reconoce los derechos de las parejas homosexuales a contraer matrimonio y a la adopción.
La primera vez que la Suprema Corte estudió la constitucionalidad del matrimonio igualitario fue en la acción de inconstitucionalidad del matrimonio igualitario fue en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, promovida por la Procuraduría General de la República.