‘Ley Bonilla’: fraude a la Constitución
El día de ayer la Suprema Corte invalidó, por unanimidad de votos, la llamada Ley Bonilla, a través de la cual el estado de Baja California amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador, cuando ya había concluido el proceso electoral 2018-2019.
Mi postura se centró en que la reforma constitucional impugnada incurrió en toda una serie de irregularidades que, vistas en su conjunto, configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que establece.
Bajo la apariencia de que estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso del Estado de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años, ejercería el cargo por cinco.
Esto constituye un fraude a la Constitución en sentido técnico, pues simulando actuar en uso de sus competencias, la legislatura en realidad pretendió burlar la voluntad popular. El Congreso local violó el período de veda electoral, el principio de elecciones libres, periódicas y auténticas, el derecho a votar y ser votado, el principio de no reelección y el de irretroactividad de las leyes. Más aún, y de manera más grave y determinante, la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, previsto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.