Tortura: el horror desde el Estado
La tortura en nuestro país es una práctica generalizada, que permea a todo el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 —recientemente dada a conocer por el Inegi— 75.6 por ciento de las personas que se encontraban privadas de la libertad en ese año sufrió algún tipo de violencia psicológica durante el arresto.
Dichas personas fueron incomunicadas o aisladas, amenazadas con cargos falsos, desvestidas, atadas, vendadas, presionadas para denunciar a alguien, asfixiadas de alguna forma, amenazadas con que sus familias serían dañadas o les hicieron daño a estas. Del mismo modo, 63.8 por ciento sufrió algún tipo de agresión física: patadas o puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, descargas eléctricas, quemaduras, violencia sexual, lesiones con arma blanca o arma de fuego u otros tipos de agresión.
Estas cifras revelan que la brutalidad sigue siendo una herramienta en la persecución de los delitos y que las instituciones de seguridad pública, por encima de métodos científicos, aún recurren a la tortura como instrumento para obtener confesiones o información en el contexto de sus investigaciones…