Aborto: siete años después
En junio de 2016 propuse a la Primera Sala de la Suprema Corte reconocer el derecho a la interrupción del embarazo. Desde entonces señalé que para reclamar las normas que criminalizan el aborto no es necesario que la persona esté sujeta a la indignidad de un proceso penal. Exigir que una mujer se embarace o se practique un aborto para cuestionar su prohibición no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional.
En aquel caso, a una mujer se le negó reiteradamente la interrupción del embarazo en un centro médico del Estado, a pesar del alto riesgo que implicaba para su salud. Además, una prueba genética demostró que el producto de la concepción tenía el síndrome de Klinefelter, el cual provoca que no se desarrollen los genitales en la pubertad. Con el fin de reparar la lesión en sus derechos humanos, propuse concederle el amparo contra las normas que criminalizaban el aborto en supuestos en los que las mujeres tienen derecho a decidir.