El juego se llama igualdad
La idea de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos es uno de los fundamentos esenciales de la democracia y el cimiento para la construcción de una sociedad justa. Asegurar que todas las personas —independientemente de nuestras condiciones y características personales— podamos desarrollar nuestros intereses y habilidades, y ejercer nuestros derechos en un plano justo de posiciones y oportunidades es una de las preocupaciones centrales de nuestro constitucionalismo y quizá una de las demandas más añejas e incumplidas de la historia. En todas partes del mundo, alcanzar un plano de igualdad, en el que ejercer las libertades sea una posibilidad real y no solo una promesa en el papel sigue siendo uno de los retos más apremiantes.
Una primera exigencia del principio de igualdad es que la ley no haga distinciones arbitrarias entre personas. Las leyes no deben ser discriminatorias; no deben dar un trato preferencial ni perjudicial a grupos o personas sin que para ello exista una justificación adecuada. De igual manera, las autoridades encargadas de aplicar la ley deben hacerlo uniformemente. Pero quedarse ahí ha probado no ser suficiente. El principio de igualdad formal ante la ley evita tratos discriminatorios, pero poco hace por remediar las causas de las desigualdades…